Hay informaciones que, por todos los motivos que a uno se le ocurran, no aparecen en los medios de mayor “difusión”. ECDL te trae un par de noticias que salieron en la semana pero a las que nadie consideró suficientemente importantes como para publicarlas.
El deseo es que las noticias –la mayor cantidad posible- lleguen a todos los receptores posibles. No decidan por ellos, que es importante y que no lo es.
Robaron escultura sobre las Madres de Plaza de Mayo
En tiempos de Cambiemos, parece que algunas conductas no es que se hayan modificado sino que se realizan con mayor impunidad y menor castigo asi como visibilidad en los medios.
En Mar Chiquita, se robaron la escultura de las Madres de la Plaza de Mayo que se encontraba expuesta en el Parador Turístico Integrador de Mar de Cobo. Al respecto, el intendente Carlos Ronda manifestó su malestar con lo acontecido y expresó enérgicamente su “total repudio a los hechos vandálicos contra un símbolo de nuestra sociedad como lo son las Madres de Plaza de Mayo”.
Un dato a tener en cuenta es que hay un puesto policial, ubicado en la misma plaza, a media cuadra aproximadamente de donde se encontraba la escultura. De más está decir que nadie vio ni escuchó nada.
La escultura en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo se había inaugurado el 24 de marzo por el “Día de la Memoria” en Mar de Cobo. Había sido realizada por el orfebre Galo Ibarrondo.
Parece que “gente que no” (al decir de Todos Tus Muertos) está manteniéndose activa en este tipo de turradas.
Demandan a integrantes de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Cine Teatro Urquiza
Allá lejos y hace tiempo, “Luna de Avellaneda” traía una temática muy especial con respecto a los clubes de barrio y un debate serio con respecto a mantener el patrimonio cultural más allá del tan mentado “progreso” y “las posibilidades económicas” que nunca llegan, teoría del derrame de por medio.
Algo similar está ocurriendo con la Asamblea de Vecinxs en Defensa del Cine Teatro Urquiza, que vienen pidiendo desde el año 2013 que el Cine Teatro Urquiza no sea demolido a través de la presentación de proyectos de ley en la Legislatura, de acciones de amparo y de manifestaciones ciudadanas.
La semana pasada, integrantes de la Asamblea recibieron sendas Cartas Documento para citarlos a una mediación. Es la instancia previa para iniciarles un juicio por daños y perjuicios, cortesía de la empresa “Establecimientos Campana S.A.”, propietaria del predio donde se asienta el Cine Teatro Urquiza. La idea de esta empresa es demoler el Cine Teatro Urquiza para construir un edificio de más de 30 m de altura.
Hagamos un poco de Historia y refresquemos la memoria. El 16 de enero de 2017, La Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) comunicó a la empresa que el proyecto presentado no se adecúa a la ley. También informó que el Consejo de Plan Urbano Ambiental (COPUA) desestimó el proyecto por no cumplir con lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Nacional N° 14.800 y el art. 2.1.1.1 del Código de Edificación. Dicha ley establece en su Art. 2º que en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida. Asimismo, la Ley N° 4104 de la Ciudad prevé que en los casos de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario del predio tendrá obligación de construir en el nuevo edificio una sala teatral o cine-teatral de características semejantes a la sala demolida, entendiéndose como semejante respetar hasta un 10% menos el número total de butacas, igual superficie del escenario y camarines, otorgándole al propietario la posibilidad de dividir esa totalidad en distintas salas de menor tamaño a construirse en ese mismo predio.
El proyecto presentado apuntaba a una construcción de una «sala» de 140 espectadores. La superficie original del Cine Teatro era de 1.114,40 m2 y la propuesta de la empresa es de 208,30 m2. Surge con claridad que el proyecto no se ajusta a lo prescripto por el art. 2º de la Ley Nacional Nº 14.800 ni al art. 2.1.1.1 del Código de Edificación.
Ante el incumplimiento de la normativa y la falta de autorización administrativa para demoler y construir su emprendimiento inmobiliario, Establecimientos Campana S.A. pretende utilizar a la justicia para perseguir judicialmente y amedrentar a los integrantes de la Asamblea.
Esto ha sucedido en reiteradas oportunidades en la ciudad. El propio GCBA ha demandado a la ciudadanía, tal como es el caso de Basta de Demoler (N de R: El Gobierno presentó una demanda por «daños y perjuicios» con inhibición general de bienes contra la asociación civil Basta de Demoler, amparistas en la causa que se inició para detener la destrucción de Plaza Francia cuando se quería construir allí una estación de subte de la Línea H) o ha tercerizado en las empresas inmobiliarias la persecución como en el caso de los Vecinos de Roccatagliata (Vecinos de ese barrio, Saavedra y Belgrano rechazan la construcción de los edificios, de 28 y 13 pisos, junto a la casona), o en ONGs afines al PRO como fue “la Asociación Los Verdes» contra integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad (aquí, la palabra de Juan Carlos Villalonga sobre su paso “verde” al GCBA, http://bit.ly/2sjeTnO)
Con el fín de frenar con esta persecución y no permitir que empresarios amedrenten a ciudadanos, La Asamblea de Vecinos en Defensa del Cine Teatro Urquiza le pide a la Legislatura porteña que en forma urgente aprueben estos proyectos de ley para que el Cine Teatro Urquiza vuelva a funcionar y se proteja el patrimonio cultural.
1. Proyecto de Ley N° 385-P-2016: Presentado por lxs vecinxs. Tiene por objeto catalogar con nivel de Protección Estructural el Cine Teatro Urquiza. (Con Estado Parlamentario en la Comisión de Planeamiento Urbano)
2. Proyecto de Ley N° 1794-F-2016: Presentado por Alejandro Amor Defensor del Pueblo de la Ciudad que tiene por objeto Catalogar con nivel de protección Cautelar, autorizando en la sala teatral y en la fachada solo el grado de intervención N° 1. (Con Estado Parlamentario en la Comisión de Planeamiento Urbano)
3. Proyecto de Ley N° 828-P-2017: Tiene por objeto declarar de utilidad pública al Cine Teatro Urquiza, disponer su expropiación y su puesta en valor. Cuenta con el apoyo de 13 bloques de los 14 de la Legislatura porteña (Con Estado Parlamentario en la Comisión de Cultura)
Los firmantes son: Observatorio del Derecho a la Ciudad, Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas, Basta de Demoler, Vecinos X Roccatagliata, Manzana 66, Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Hábitat International Coalition (HIC), Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), Frente de Organizaciones Salvador Herrera, Proyecto Riachuelo, Usina Cultural del Sur-Almagro, Red Nuestras Ciudades, La Boca Resiste y Propone, Emancipación Sur-CABA, Fundación Rumbos, Gabriela Massuh. Escritora.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad recibió informe de malnutrición en niños: una alimentación que llena, pero no nutre.
Cambiemos hace honor a su nombre. El problema es que es para peor, favoreciendo a los que más tienen y perjudicando a los más desprotegidos. Una política de “Hood Robin”.
El pasado viernes 9 de junio, el ISEPCI y el Movimiento Barrios de Pie presentaron, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un informe sobre la situación alimentaria de los menores que asisten a los comedores de la organización social. Marcos Caviglia -médico pediatra del Centro de Atención Primaria de La Salud de San Martín quien formó parte de la investigación- afirmó que “La principal causa de muerte en Argentina son los problemas cardiovasculares por tener sobre peso y alto colesterol. Estos chicos que en nuestro estudio figuran como números tienen historias, nombre y apellido. José de 2 meses va a arrastrar la obesidad por el resto de su vida, tiene más chance de tener asma o enfermedades respiratorias. Son chicos que parten 13 escalones más abajo que el resto. Son niños y niñas que probablemente no terminen el secundario o el primario”. Según el indicador del índice de Masa Corporal sobre un total de 706 niñas, niños y adolescentes de 2 a 19 años, el 49% se encuentra en alguna de las variantes de malnutrición con prevalencia de 21% sobrepeso y 25% de obesidad, 2% de Riesgo de Bajo Peso y 1% de bajo peso. El mismo indica que en la primera infancia, de 2 a 6 años, sobre un total de 225 niños presentan malnutrición el 48%; entre 6 a 12 años, de un total de 352 niños, alcanza al 54%; de 12 a 19 años, de un total de 129 adolescentes, se registra un 37% de malnutrición.
En la presentación del Informe estuvieron presentes el Defensor del Pueblo de la Ciudad Alejandro Amor, Walter Córdoba de “Barrios de Pie”, Laura Lonatti directora del ISEPCI, Marcos Caviglia -médico pediatra del CAPS 3 San Martín-, Laura Velasco -miembro del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires-, Roberto Baigorria -titular del Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo CABA- y todas las mujeres que formaron parte de la investigación sobre la talla y el peso de los niños que se encuentran en los mismos barrios donde ellas viven.
Laura Lonatti explicó que “construimos indicadores antropométricos que nos permiten ver si un niño se está desarrollando bien o mal. Calculamos el peso y la talla en relación a la edad. Ahora, sabemos qué le está pasando a cada niño que acude a nuestro merendero. Nuestra estadística tiene cara, tiene nombre y tiene apellido. La vemos todos los días. Finalmente, en la ciudad hay una situación de inseguridad alimentaria. Hay muchas familias que no acceden en calidad y cantidad necesaria a la dieta básica”.
Por su parte Alejandro Amor expresó, “La problemática de la salud posee una demanda social muy intensa, el año pasado hicimos una actividad sobre cocina saludable en Piletones y en la villa 1-11-14. Juntamos 600 personas. Si lo pudimos hacer desde la Defensoría, el Estado tendría que poder hacerlo”.
Vilma González, que forma parte del Comedor “Las Lomitas” en Barracas, fue una de las mujeres que estuvo en las capacitaciones y las mediciones de cada uno de los niños y niñas. Tenía un pedido especial. “Quisiera pedirles que no termine todo acá, que podamos ayudar a cada familia que tiene hijos con sobrepeso. Todas las mamás me preguntaban ‘¿Cómo salió mi hijo?’, ‘¿Cómo sigue esto?’. Fue una muy linda experiencia”.
Por su parte Laura Velasco dijo que “es más que importante replantearnos que está pasando con los comedores escolares. Uno de cada dos pibes tiene malnutrición. Esa alimentación que se está dando en la escuela pública tampoco es indicada nutricionalmente. Llena, pero no nutre. Hoy tenemos una niñez y adolescencia en riesgo. Nos conmueve, nos preocupa y nos tiene que ocupar. Cuando algunos dicen los jóvenes son peligrosos, nosotros preferimos decir que los jóvenes están en peligro”.
Por último Roberto Baigorria concluyó la actividad sosteniendo que “la salud de la población y en particular la de los niños es un derecho humano y debe ser protegida por el Estado. Sin embargo, lamentablemente llevamos más de 20 años de un terrible deterioro para los trabajadores formales y esto se acentúa en aquellos trabajadores de la economía popular que dependen de la salud pública. Una sana nutrición, hace a una mejor salud. Esta tarea llevada adelante por Barrios de Pie la debería haber sido realizada por el Ministerio de Salud articulada con el Ministerio de Educación teniendo la evolución del crecimiento de cada infante. Una vez más las organizaciones sociales llegan a donde el Estado no”.
La Matanza, el Riachuelo y más allá….
Va a parecer que es una noticia de hace unos días pero no lo es. Nos llegó hace menos de veinticuatro horas la información.
El pasado 27 de mayo se realizó el encuentro «DESDE EL RÍO: Organización Popular para la Transformación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. El Riachuelo ¿Para qué? ¿Para quién? y ¿Con Quiénes?». Al respecto, las organizaciones, asambleas, académicos, referentes y partidos políticos que viven y realizan trabajo territorial en la Cuenca Matanza – Riachuelo, publicaron el siguiente manifiesto.
1. Cuestionamos la falta de cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo supremo responsable de la defensa del derecho a un ambiente sano y equilibrado, y de la preservación de la salud e integridad de las personas. La responsabilizamos por el incumplimiento de su propio fallo y, por ende, de las consecuencias negativas que eso genera en los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo.
2. Rechazamos la decisión de la Corte Suprema al limitar la representación de todos los que vivimos en la Cuenca en manos de un «Cuerpo Colegiado» liderado por el Defensor del Pueblo, que carece de titular hace años sin que la Corte haya hecho nada al respecto. Esta representación luego de 8 años ha demostrado su absoluta ineficacia y nos encontramos actualmente apartados de las decisiones que nos afectan y fuera de un proceso de recomposición ambiental que debería ser nuestro. Nos sentimos castigados por un ostracismo democrático, desterrados de un ámbito de participación que por derecho nos corresponde.
3. Por esta razón, no reconocemos la representatividad de las ONG’s que integran el «Cuerpo Colegiado» y denunciamos que tampoco han cumplido con sus funciones. Muchas de ellas no tienen trabajo territorial en la cuenca ni contacto fluido y constante con sus habitantes. Estas no fueron elegidas mediante ningún mecanismo de participación por parte de la ciudadanía salvo la voluntad discrecional de la Corte Suprema. El Cuerpo Colegiado no logra dar respuesta a las necesidades de voz y participación de los habitantes de la cuenca, llegando al extremo que los habitantes no son ni siquiera consultados ante la elaboración de sus informes y contestaciones judiciales.
4. Reprobamos el desempeño de la ACUMAR por su vaciamiento; la manifiesta incapacidad para enfrentar la limpieza y el saneamiento del Riachuelo; la falta de respuestas adecuadas a las necesidades urgentes de saneamiento, salud y vivienda de la población, objetivo por el cual fue creada dicha entidad, entre otros; por no poder dar cuenta de las erogaciones producidas durante su gestión; y por el desconocimiento técnico y el abordaje desintegrado de la complejidad de la situación que deben resolver por manda judicial y legal.
5. Deben rediscutirse en su integralidad los mecanismos de participación de la ciudadanía tanto en el ámbito judicial como en el accionar del ACUMAR. Exigimos una nueva convocatoria para asegurar la participación democrática y popular por medio de elecciones de los representantes de ongs, sindicatos, instituciones y toda otra forma de organización social y colectiva de la cuenca.
6. Reiteramos la necesidad de enfrentar las problemáticas desde una mirada integral, multidisciplinaria y participativa, hoy negadas, en todos esos aspectos. Deben definirse las prioridades de manera socialmente participativa para atender la situación de emergencia que se extiende en el tiempo, dónde la catástrofe y el riesgo a la salud y los derechos humanos se naturalizan.
7. Debe transparentarse el funcionamiento de ACUMAR en cuanto a su presupuesto y su ejecución para garantizar el pleno conocimiento de la población de los recursos y su aplicación. Para que no se repita los hechos de corrupción que involucraron al primer juez de ejecución de la causa Mendoza que designó la Corte Suprema, Juez Armella. Quién además fue el impulsor de extender la concepción «Puerto Madero» al Riachuelo y de establecer que las aguas son únicamente para ?contemplación», concepción que aún persiste y resulta contraria a los intereses populares.
8. El Ordenamiento ambiental y territorial de la Cuenca debe realizarse inmediatamente de forma participativa e integral. Este debe dar respuesta a la demanda de espacios verdes y públicos; a las necesidades aún no resueltas en materia de vivienda, hábitat, producción, , transporte, servicios públicos e infraestructura; y de turismo sostenible con inclusión social como recomienda las naciones unidas para el año 2017. También debe dar cuenta del reclamo de numerosas organizaciones para ejercer el derecho constitucional a navegar libremente el Riachuelo.
9. Recién una vez establecido dicho ordenamiento cada jurisdicción se encontraría en condiciones para avanzar con sus planificaciones locales. Pero frente a su ausencia, las jurisdicciones avanzaron con decisiones sustanciales de la cuenca como la suspensión de la navegabilidad del Riachuelo o la creación de distritos y paraísos fiscales para permitir la sobreconstrucción y la destrucción de las identidades barriales. Denunciamos que las jurisdicciones, principalmente la Ciudad de Buenos Aires a través de la política de distritos y el nuevo Código Urbanístico, están avanzando con medidas orientadas a transformar las áreas ribereñas del Riachuelo en un nuevo Puerto Madero y en profundizar la especulación inmobiliaria sin reparo alguno de sus consecuencias negativas como la apropiación del río por el sector de riqueza concentrada del país.
10. La Cuenca Matanza – Riachuelo, como todo recurso hídrico es patrimonio del conjunto de la sociedad argentina y su aprovechamiento debe estar al servicio de toda la comunidad y no de un sector específico que pueda beneficiarse de la especulación edilicia.
El referido curso de agua debe ser motor de creación de empleo, favoreciendo el desarrollo de pequeños, micro y medianos emprendimientos con el objetivo de desarrollar económicamente el área y arraigar la población a su lugar de pertenencia. Queremos barrios populares productivos, viviendas sociales con gente. Y no el modelo de countries o torres-jardín con viviendas ociosas, el paradigma del modelo de casas sin gente. No queremos que la cuenca sea objeto de una burbuja inmobiliaria ni se transforme en una extensión de Puerto Madero. La gran inversión pública sustentada en deuda pública debe ser distribuida igualitariamente en la cuenca y la plusvalía generada capturada por el Estado. Los beneficiarios del presupuesto destinado a la cuenca no pueden ser en el tiempo los grandes desarrolladores inmobiliarios ni la plusvalía capturada por los sectores más ricos de la sociedad.
11. El Ordenamiento debe mantener las identidades patrimoniales, urbanas y culturales, siguiendo lo estipulado por la Constitución Nacional y la normativa ambiental vigente. Destacar que el Tango Patrimonio de la Humanidad UNESCO en el río Riachuelo-Matanza no está siendo objeto de políticas de preservación patrimonial activas. Denunciamos el incumplimiento de la Política Operacional del Banco Mundial OP 4.11 – Physical Cultural Resources, las Leyes nacionales de protección de Patrimonio Arqueológico N° 25.743, el Convenio OIT 169 y la legislación sobre restos indígenas N° 25.517.
12. Desde la creación del ACUMAR y el sentencia de fondo de la Corte Suprema en la causa «Mendoza» las emergencias social, económica y ambiental de la cuenca no se han modificado sustancialmente a pesar de los miles de millones de pesos gastados. El mantenimiento de una burocracia estatal no es ninguna ventaja a reconocer si no se traduce en una mejor calidad de vida de la población.
13. La emergencia sanitaria es una de las prioridades. Cientos de miles de familias se encuentran viviendo en condiciones violatorias de la dignidad humana. No cuentan con agua potable y segura, con cloacas, con luz, con pluviales. Viven en suelos y aires contaminados con olores nauseabundos la mayor parte del día. Las enfermedades por producto de la contaminación ambiental y la pobreza están conduciendo a la muerte a nuestra población especialmente a los niños. Estamos frente a una violación sistemática de cada uno de los derechos humanos y a caminos que llevan a la muerte a miles de personas mientras a las empresas se les permite contaminar más y la Corte Suprema las irresponsabiliza de pagar por los daños causados.
14. Todos los recursos y la actividad estatal deben estar avocados a terminar con esta emergencia sanitaria y de salud en la que viven los habitantes de la cuenca. Para empezar debe desarrollarse un Mapeo de riesgo Ambiental de carácter COMUNITARIO PARTICIPATIVO. La ACUMAR junto con las jurisdicciones que la integran deben convenir con la empresa de servicios AySA (empresa condenada en la causa «Mendoza») la inmediata prestación de los servicios de agua y saneamiento en el interior de los territorios de las villas y asentamientos que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires conforman la Cuenca Matanza-Riachuelo.
15. Es flagrante el incumplimiento al compromiso de atención primaria de la salud en la cuenca (los efectores de salud de municipios y provincia no alcanzan a satisfacer la demanda, debido a la sumatoria de vulnerabilidad social y exposición a la contaminación de cuenca, hábitat y personas). Por eso exigimos de manera urgente: la asignación de un médico de cabecera a cada una de las familias afectadas para seguimiento personalizado de los casos clínicos; garantizar gratuitamente la medicación y una dieta adecuada; construir en la cuenca baja del Matanza-Riachuelo un centro de alta complejidad especializado en enfermedades ambientales y con capacidad de brindar atención a toda la población afectada; la entrega de subsidios para mejorar las condiciones edilicias de las viviendas que se encuentran emplazadas sobre los suelos contaminados.
16. En relación a las obras de infraestructura solicitamos de manera inmediata: mejorar y completar las redes de agua potable para garantizar suministro seguro y confiable. Construir las redes de desagües cloacales e instalar plantas compactas de tratamiento de líquidos cloacales para terminar con la utilización de pozos sépticos que contaminan las napas más superficiales. Mejorar y completar los sistemas de desagües pluviales para evitar las frecuentes inundaciones, debidas no solo a eventos de tormenta sino también a la crecida del nivel en la desembocadura del Riachuelo (¿sudestada?). Desarrollar con la participación de todos los actores de la sociedad civil Planes de Contingencia ante inundaciones, adecuadamente difundidos. Control exhaustivo de la actividad industrial de la cuenca, incluyendo la supervisión e inspección de los vuelcos por parte de los propios habitantes, en el marco de la Ley de Veedurías ciudadanas vigente. Remediar los suelos contaminados (con plomo, cromo y otros metales pesados, hidrocarburos, etc.), incluyendo por ejemplo, la reforestación con plantas nativas.
17. El Ordenamiento debe contemplar la navegabilidad del Riachuelo para desarrollar el mercado interno urbano; para revalorizar las áreas industriales; para promover el turismo; para la recuperación y disfrute del patrimonio; y para favorecer la producción histórica local – regional de la cuenca. Debe priorizarse la navegabilidad del curso fluvial con eje en el desarrollo de infraestructura de transporte multimodal con el tratamiento de la ribera y la construcción de puentes correspondientes.
18. Debe considerarse seriamente, a efectos de las decisiones relacionadas con el Ordenamiento, las políticas y las prioridades sobre la cuenca, el contenido de la única instancia participativa que efectúo la ACUMAR en 10 años en relación al PISA: la Audiencia Pública del 16 de septiembre de 2016 y su informe final correspondiente.
19. La emergencia social y ambiental sigue siendo nuestra prioridad.
Esperamos que nuestras voces tengan la adecuada y real participación en las discusiones atinentes a la Cuenca Matanza – Riachuelo en relación a su planificación, recomposición ambiental y tratamiento de sus graves problemáticas sociales, culturales y económicas; y que nuestros reclamos y propuestas que están expresados en este manifiesto sean tenidos en cuenta prontamente.
Los firmantes son los siguientes: – Blogspot Proyecto Riachuelo, Foro Hídrico de Lomas de Zamora, Club de Regatas Almirante Brown (La Boca-Dock Sud), Riachuelo Para Todos, Frente Sur Cooperativa de Recicladores, Centro Cultural La Casa de Fiorito, Comisión de Inundados de Cuartel IX, Urbana TeVe.(Barrio Carlos Mugica Retiro –Villa 31- CABA), Observatorio del Derecho a laCiudad (ODC), Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Izquierda Popular (IP), Movimiento Popular la Dignidad (MPLD), Frente de Organizaciones Salvador Herrera, Radio La Voz, Beatriz Mendoza, REDDES (Red Expreso del Desarrollo Sustentable), CUMPAS (Corriente Urbana de Militantes Peronistas), Cooperativa de Trabajo Cimarrón de Piñeiro, Periódico La Voz de Piñeiro, Planeamiento Participativo, Pymes Sur, Fundación Azara, Cooperativa Arqueoterra, Museo Arqueológico de La Boca, Asociación Tres Ombúes «Ciudad Evita», Asociación Amigos Barraca Peña (La Boca), Proyección Ciudadana (La Matanza), Ricardo Melgarejo y Luis Espinoza (Delegados, miembros de la Junta Orgánica del Barrio Rodrigo Bueno), Sembrando Juntos (Villa Inflamable), Cooperativa Cultural “El Puente” de la Boca, Proyecto Riachuelo (Corredor Turístico Productivo Ribereño), Grupo de Estudios Urbano-Ambientales del Instituto de Producción, Economía y Trabajo de la UNLa, Centro de Estudios Ribera Buenos Aires (riberaBA), M7red, Aluvión Ciudadano, Grupo Comunitario «Frutillitas de Amor» Barrio Ramón Carrillo (Soldati), Vecinos /as de la Mesa por la Ley N° 1333 Barrio Ramón Carrillo (Soldati), FIPCA (Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua), Frente Grande Provincia de Bs. As. (Lanús y Lomas de Zamora), Observatorio de la Riqueza «Padre Pedro Arrupe», Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, IMPA (La Fabrica Ciudad Cultural).
El peronismo y el kirchnerismo exigieron una Ley de Paridad para la Ciudad
La jefa del Bloque Peronista de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños explicó su proyecto de «Ley de Participación Equivalente y Proporcional por Género», el cual busca alcanzar la igualdad entre candidatos hombres y candidatas mujeres desde las PASO, en el marco de una actividad en la que treinta mujeres y treinta varones de diferentes espacios del peronismo y del kirchnerismo local ocuparon las bancas del recinto de sesiones para expresar la necesidad de que se discuta y se sancione una Ley de Paridad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«La participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en todas las instancias es una condición necesaria para el desarrollo de la democracia y para combatir la discriminación por género. Sin embargo, el sistema electoral que rige en la Ciudad presenta una serie de inconvenientes y cuando la Constitución se refiere al cupo está haciendo referencia a la conformación de las listas y no a la integración efectiva de los Cuerpos parlamentarios”, advirtió Muiños, quien presidió el encuentro junto a la Secretaria de la Mujer del Partido Justicialista (PJ) Ciudad, Mara Brawer; y la legisladora del Frente para la Victoria, Andrea Conde.
«Queremos garantizar que cada género tenga el 50% de postulantes desde las PASO, que al momento de integrar las listas definitivas no se pueda incluir más del 70% de personas del mismo sexo con probabilidades de resultar electas y que no haya más de tres candidatos del mismo sexo en forma consecutiva, tal como lo determina el artículo 36 de la Constitución local», explicó la legisladora peronista.
Presentado en co-autoría con la legisladora del mismo bloque Silvia Gottero, el proyecto propone además que «la lista definitiva sea encabezada por los dos primeros precandidatos de ambas listas primarias, que los segundos de cada una de esas listas ocupen el tercer y cuarto puesto, y así hasta completarla», ya que «si se diera un resultado ajustado entre las dos listas, en función de las reglas de cupo y de la aplicación del sistema D’Hont, la lista definitiva se conformaría intercalando sólo los hombres de una de las listas y sólo las mujeres de la otra».
Por último, también apunta a implementar la paridad de género en todos los ámbitos del sector público de la Ciudad: organismos de control, organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, colegios públicos profesionales, empresas y sociedades del Estado, y en toda organización empresarial donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades.
Durante la actividad tomaron la palabra la directora del CONICET, Dora Barrancos; la legisladora porteña (MC), Silvia La Ruffa; la diputada nacional del Frente para la Victoria, Liliana Mazure; la ex subsecretaria de la Unidad Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Victoria Montenegro; la ex presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Virginia Franganillo; la referente de diversidad, Marcela Tobaldi; la coordinadora nacional de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y el Nacimiento, María José Bernasconi; y la delegada y responsable de género de ATE Capital, Laura Sotelo.
Participaron desde las bancas el presidente del PJ Ciudad y diputado del Parlamento del Mercosur, Víctor Santa María; su par en el Parlasur, Daniel Filmus; el ex titular del PJ porteño, Juan Manuel Olmos; la directora del Banco Ciudad, Claudia Neira; el director del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, Fernando Barrera; la titular del Sindicato de Amas de Casa, Pimpi Colombo; la presidenta de la Auditoría de Ciudad, Cecilia Segura; el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor; el diputado nacional del Frente para la Victoria, Juan Cabandié; la diputada nacional (MC), María del Carmen Bianchi; la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Congreso del PJ porteño, Mariano Recalde; las secretarias de la Mujer del PJ Ciudad, Patricia Aragón Reyes y Diana Echandía; los legisladores porteños, Silvia Gottero (Bloque Peronista); Claudio Palmeyro (Bloque Peronista Sindical), Gabriel Fuks (Corriente Nacional de la Militancia), Paula Penacca, Carlos Tomada y José Campagnoli (Frente para la Victoria); las legisladoras (MC) Kelly Olmos, Alicia Bello, María Rachid, María Elena Naddeo, Delia Bisutti y Gabriela Alegre; el dirigente del Nuevo Espacio de Participación, Víctor Colombano; la ex Secretaria de Comercio Exterior, Paula Español; el secretario político del Evita Capital, Sebastián Demiryi; Patricia Vaca Narvaja; comuneras y comuneros, dirigentes, referentes y militantes, entre otros.