En la última semana de mayo, llegó a distintos periodistas un comunicado en el que los trabajadores de la cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –al ser considerados “servidores públicos” mediante resolución RESFC2020-20 – denunciaban una reasignación de tareas que no se condice para las que habían sido contratados. Desde ECDL recabamos los testimonios que, no sólo lo certifican sino que dan cuenta de presiones para ser “aceptados”.
Por Daniel Gaguine y Alan Levy
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa levantando bien alto la bandera del dicho “hecha la ley, hecha la trampa”. Tras la sanción del pasado jueves 7 de mayo, por parte de la Legislatura porteña del Proyecto de Ley N° 818-J-2020 de “Emergencia Económica y Financiera” con 38 votos afirmativos (Pro, Radicalismo, Socialismo, Coalición Cívica) y 21 negativos (Frente de Todxs, FIT) que le otorga la suma del poder público al Ejecutivo, siguen los cuestionamientos a diversas medidas llevadas a cabo por el gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. Tal es el caso de los “voluntariados” -que no son tan voluntarios- que posibilitan el cambio de tareas de trabajadores estatales en el marco de la emergencia por la pandemia de COVID-19.
Como no podía ser de otra manera, el sector de Cultura fue uno de los más damnificados por parte de la resolución RESFC2020-20 que permite la creación del programa de “Servidores públicos”. Los trabajadores de dicho sector se encuentran ubicados en diferentes áreas que abarcan el Teatro Colón, Complejo Teatral de Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, Centro Cultural Recoleta, Museos, entre otros.
De acuerdo a los testimonios recabados por ECDL, el primero afirma que “Insistentemente el pedido es hacer un voluntariado: elegir hacer asistencia en hoteles o entregar las viandas que entrega el Gobierno en comedores. El segundo recuerda que “nos convocaron para realizar una actividad pero como tuvo muy poca convocatoria, empezó a haber una bajada de línea sugiriendoque se anoten varios más porque ‘se venía una peor’. En paralelo, se manda un comunicado diciendo que, en tanto dependemos del GCBA, nos pueden asignar tareas distintas. Alegan que las locaciones son cercanas, que son horarios reducidos y que es un voluntariado. Nos dicen que en el hotel los riesgos son mínimos y están todas las medidas de seguridad. Habría gente con Covid positivo pero nosotros estaríamos a cargo de actividades de logística”.
El tercer testimonio afirma que “nos ofrecen un hotel, padrinazgo de escuelas de barrios vulnerables o la calle para hablar con la gente. Hay personas que ya se inscribieron y roles asignados. Al día de hoy ni siquiera sabemos cuál es el hotel”. No obstante, “los que se anotaron entendieron que no les quedaba otra. Prefieren el hotel que está asegurado y con gente conocida. Nos aseguraron que no habría contacto con enfermos y que habría condiciones de seguridad. De todas formas la gente tiene miedo”.
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| El comunicado de los trabajadores de la cultura GCBA |
El proceso de convocatoria es por mail. “A partir de ahí, incertidumbre”. Frente a la consulta de si es posible negarse, la respuesta es “la presión está”. Quien habla en segundo término puntualiza que el negarse “significa que tu plaza no es más de tu lugar de trabajo sino que pertenece al Ministerio de Cultura en coordinación con otros ministerios a disponibilidad”. “Si no te anotás, te ponen en disponibilidad para que te envíen donde haga falta” afirman en tercer lugar. Otra cuestión por demás riesgosa es que “hay compañeros que van a ser citados de provincia. Eso es grave. Están convocando a gente que tiene que hacer grandes traslados que incluye combinación de colectivo, tren y/o subte para llegar al lugar de trabajo con todo lo que esto implica”.
Obviamente hay excepciones, los llamados “híbridos”. Allí la cuestión es en tanto las posibilidades de cada trabajador. Uno de los consultados afirma que “mi pareja es persona de riesgo y yo asumí su cuidado y yo no estoy exceptuada, según la resolución debería ir.”
Por otra parte, un tercer consultado afirma que “Hay lugares en los que no se capacitó. Hay mucha insistencia y hostigamiento. Insisten para que parte del voluntariado se haga en la calle, lo cual es contradictorio con las recomendaciones sanitarias. Necesitamos que no haya gente en la calle y nos hacen ir a hablar con el señor de la esquina. Huele más a campaña o a presencia política y marketing”.
A todo esto, hay que recordar que la resolución data del 20 de mayo, fecha previa a la explosión de casos en la ciudad. Justamente, al día de hoy “CABA es el foco de la pandemia en este momento e incluso estamos en la crecida de la curva. Es una medida bastante poco inteligente”.
Por otra parte, esta situación implica un “vaciamiento” de un sector en detrimento de otro. Tal es el caso del traslado de los trabajadores de Cultura hacia Salud a desempeñar una tarea que no les corresponde. Esto no implica una falta de deseo de colaborar frente al aislamiento obligatorio dispuesto para paliar la pandemia, sino brindar la ayuda desde su propio sector. “Si es voluntario, que sea voluntario realmente. Que lo haga quien tenga el deseo genuino de participar en esas actividades” afirma el primer testimonio mientras que el segundo dice que “nosotros proponemos generar contenidos para la gente que está en cuarentena. Queremos poner el cuerpo pero un poco más vinculado a las competencias que tenemos”.
La manipulación a través de la culpa y la amenaza latente de un despido juegan a que los trabajadores se encuentren entre la espada y la pared en tanto a la decisión a tomar….la cual es aceptar el “voluntariado” cuasi obligatorio.
“Independientemente de que en estos lugares existan los protocolos, entendemos que Cultura se está descuidando y es peligroso. Es un antecedente gravísimo” sostiene el tercer testimonio.
La situación cambia en tanto la cobertura que tiene el personal de planta permanente con respecto a los “contratados”. Hay una situación particular que tiene que ver con los monotributistas y contratados que es que no tienen ART. Apenas tienen un seguro que les cubre algo. Por lo que tengo entendido, se estuvo tramitando en estos días una actualización para que incluyera esta situación de Covid-19. Entonces, en principio, sería una forma de protección ya que no cuentan con la ART que sí tienen los de planta permanente. Eso sí, el ser monotributista está tan obligado a prestar este ‘voluntariado’ tanto como planta permanente”. Este relato vuelve a poner sobre el tapete la precarización de los trabajadores en distintas dependencias del Estado.
La postura de los sindicatos es extraña. “Dicen que no hay forma de ir contra esto. Que se aprobó y que no lo tomemos como voluntariado sino como trabajo a comisión. La gente acudió a ellos y respondieron esto”.
Este tipo de conductas es bien característico de gobiernos que siempre tienen la economía como fin primordial. Surge la duda si todo esto se hace por ayudar a los damnificados por la pandemia o es reasignar recursos humanos para que hagan “algo”.
De más está decir que quienes brindaron su testimonio solicitaron la mayor discreción posible en tanto el miedo a posibles represalias que incluya el despido. De acuerdo a lo recabado, hay una amenaza latente respecto a la aceptación de un “voluntariado” que no es tal. Además, según lo que nos han comentado, pululan aquellos que no dudan en delatar a sus propios compañeros.
La palabra de ATE -Capital-
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| ATE -Capital- y su palabra |
Frente a esta situación de desamparo, consultamos a ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Agustina Panissa, Secretaria Adjunta ATE Capital afirmó que “ni en Provincia ni en Nación hay antecedentes de un programa de semejantes características. Acá el tema es la voluntariedad. En un contexto de trabajadores contratados, la voluntad está viciada. No se podría decir que están en igualdad de condiciones con el empleador. Además, están convocando a los trabajadores vía Zoom independientemente de su perfil laboral o que estén haciendo tareas de teletrabajo. Hay gente que tiene hijos o viven con personas de riesgo y los llaman en reiteradas oportunidades”.
Con respecto al programa de los “Servidores públicos”, Panissa sostiene que “no queda claro la esencialidad de este programa que no fue discutido por nadie. Se están pidiendo informes en la Legislatura ya que no queda clara la idea ni las tareas”.
Los protocolos son todo un tema para Panissa que afirma que “el gobierno se está negando a discutir los protocolos sectoriales: baja directamente los del Ministerio de Salud. No es lo mismo ir a una oficina con 30 personas que un hogar de niños o un parador. Son protocolos distintos. Cuando un trabajador tenga los primeros síntomas de COVID 19, ¿cómo es el protocolo? ¿Qué testeo se va a hacer? El Gobierno discute protocolos con los dueños de los negocios de ropa pero no con los trabajadores…”
Los insumos son otro ítem por demás importante. “Antes de la cuarentena denunciamos falta de elementos en los hospitales. Agotadas todas las instancias fuimos a la Justicia que obligó al GCBA a entregar los materiales. El gobierno apeló diciendo que ya lo estaba haciendo pero no es así” y agregó que “también estamos con causas penales porque en los institutos penales no se están dando los elementos básicos de prevención.
Para finalizar, Panissa informa que “nosotros como sindicato solicitamos que el Gobierno convoque urgente a una comisión para discutir en qué condiciones se sale a la calle y que se respeten las particularidades de cada caso. Hay mucha precariedad a la hora de contratar y eso expone a los trabajadores, estás en una situación de mayor indefensión”
Por su parte, María Sol Copley, delegada en el área Cultura y miembro del Consejo Directivo –ATE Capital-, sostiene que “no están las Comisiones de Servicio que establecen la asignación de una repartición a otra. No puede haber una obligación sin Comisión de Servicio la cual, hasta el momento, no hay”
Copley estuvo reunida con algunos trabajadores que le manifestaron su temor frente a la pérdida de su trabajo ya que, la mayoría de los “voluntarios obligados” son contratados.
“Las presiones son más dirigidas a los contratados dado que temen que se caigan sus contratos. Varios de Planta pudieron negarse. Tienen un poco más de margen. Las presiones son de todo tipo y por todas las vías. Te puede llegar un mensaje por whatsapp, un domingo diciendo ‘Mañana tienen que estar en tal esquina…’ A veces, esa citación te la manda alguien a quien vos no conoces y no es tu jefe, ni RRHH de tu sector ¿Cómo tienen mi teléfono y por qué me enviás a hacer no sé qué tarea?”
Además, Copley cuenta una experiencia que vivió. “Participé de un ‘zoom’ del que me llegó el link. Obviamente no me iban a invitar pero me llegó de rebote. Una de las que estaba era la coordinadora del programa de Transformación Cultural, Paola Corvalán, junto con Mercedes Andrés. Ahí plantee todas las demandas que hicimos desde ATE respecto que no existe un ámbito como el CyMAT de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo en la Ciudad, como sí existe a nivel nacional. Es una mesa dentro de la paritaria donde se establecen cuáles son las condiciones de trabajo que tienen que tener los distintos sectores. Venimos solicitándola hace años pero no nos dan respuesta. Por otro lado, se convoca a la gente como si fuera algo ‘obligatorio’. Hay una resolución que avala esta reasignación de tareas pero esto debe ir acompañado de una comisión de servicio que diga que trabajo en tal lado y me reasignan a otro sector. El problema es que no existe esa comisión de servicio. No te pueden obligar porque no existe esa comisión de servicio. Plantean como obligatorio algo que no es. Ahí es donde se generan las presiones”.
Ante la posibilidad de esta reasignación de tareas, debe haber algún tipo de capacitación…pero Copley asevera “que yo sepa no se está brindando capacitación. Quizás haya algo aleatorio en algún sector muy particular. Les dicen ‘andá a tal esquina y decí esto’. No hay algo que esté organizado para todos los sectores, que haya una misma bajada o algún instructivo que circule en papel, con datos más pedagógicos respecto a cómo manejar las situaciones”.
Para finalizar, Copley da cuenta de una serie de situaciones que han ocurrido. “Se tomaron medidas para que la gente no salga de su casa y el GCBA toma una medida absolutamente contraria, sacando centenas de trabajadores a la calle a decirle una persona que tiene mal puesto el barbijo. Es un sinsentido absoluto. Además, se tienen que bancar que la gente los maltrate. Unos contratados de Museos los mandaron a un barrio más precario y la gente lo encaraba diciendo ‘no tenemos para comer y me venís a decir del barbijo’. Es una situación muy ridícula”.
Antecedentes.
El pasado 17 de Marzo, en coincidencia con el inicio del ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio) y cuando, en principio, la cuarentena iba durar apenas 15 días, el GCBA firma el Decreto 147/20. Entre otros destacados, faculta a los Directores Generales de -o equivalentes- de cada una de sus reparticiones a “modificar el lugar y/o repartición laboral y las tareas que realiza en el marco del perfil laboral de cada empleado” y “disponer la suspensión temporal del otorgamiento de las licencias y permisos contempladas en la Resolución N° 180-GCABA-MHFGC-20”. En este último caso hace referencia específica a la autorización excepcional por ausencia sin goce de haberes. En otras palabras, con la excusa de la pandemia, suspende hasta nuevo aviso derechos laborales adquiridos.
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| La Resolución completa y el origen de los «Servidores públicos» |
Dos meses después, el 19 de Mayo, la Ciudad publica en el Boletín Oficial la Resolución firma conjunta RESFC2020-20. Allí plantea la necesidad de crear el Programa “Servidores Públicos” en la órbita de la Secretaría de Transformación Cultural, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su objetivo es el de “coordinar la asignación de tareas en acciones y actividades de soporte, orientadas a la implementación de concientización y distanciamiento social ejecutadas por el GCBA así como actividades de apoyo a los equipos de salud y a todas las áreas esenciales”.
Desde el vamos, llama la atención el eufemismo que encierra el significante “servidor público” igualando simbólicamente a cualquier empleado público con la figura mencionada, socialmente asociada a un funcionario electo directamente o que ha sido seleccionado para llevar a cabo una política determinada diseñada por el ganador de una elección. Veamos si la ponderación semántica viene acompañada de algún otro tipo de reconocimiento.
En uno de sus considerandos, el documento plantea que la organización y gestión del gobierno se ha visto obligada a redirigir sus acciones priorizando la atención de la emergencia sanitaria y para eso requiere que a las reparticiones reasignen sus recursos “incluyendo su capital humano, para atender las necesidades adicionales que surgen por las acciones implementadas”, en forma transitoria y excepcional.
Más adelante, cita otro de los puntos centrales del ya mencionado Decreto 147/20: la potestad de: “poner a los trabajadores a disposición de las áreas definidas como esenciales”, así como “modificar los horarios habituales de trabajo o lugar de prestación del servicio”. Esto último abre la puerta múltiples instancias de flexibilización laboral.
En el Artículo 2, la resolución indica que los recursos humanos no sólo abarcan a la planta permanente del GCBA sino que el Programa -salvo las excepciones que contempla- impacta en la totalidad de los trabajadores: “cualquiera sea su nivel jerárquico, situación de revista o vínculo contractual”. Poco más adelante, establece una serie de condiciones básicas para la puesta en marcha del Programa, entre ellas: “c) La selección y asignación de las tareas en función de los perfiles, habilidades y disponibilidad de los recursos afectados, d) La formación específica requerida para llevar adelante la tarea asignada y e) La coordinación y aseguramiento de entrega de los elementos o equipo de protección personal que corresponda para resguardar la salud y seguridad de las personas alcanzadas, según las indicaciones del Ministerio de Salud”.
Aqui es donde surge el gran interrogan. En la práctica ¿Se cumplen estos puntos centrales a la hora de definir las tareas a realizar? De no ser así, ¿Quién se encarga de evitar que la reasignación de tareas exponga a las propias trabajadoras y trabajadores?
A cultura no es el único organismo del GCBA al cual obligan a sus trabajadores a hacer tareas de voluntariado exponiéndolos sin ningún tipo de recaudo o cuidado